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Parece que Derecho y Economía sean dos disciplinas que tienen poco que ver entre sí. Diferencias de objeto y método han venido manteniéndolas separadas, a pesar de que los estudios de Economía, en su acepción inicial de Economía Política, tuvieron su origen y se desarrollaron en las facultades de Derecho españolas. Esta separación no evitaba algún contacto eventual en aquellos campos en los que la coincidencia era más obvia: áreas híbridas, más jurídicas para el análisis económico y más económicas para el análisis jurídico como las describe el profesor Santos Pastor: los tributos y, ocasionalmente, algunas modalidades de regulación. Ahora bien, desde los años 60 y, originalmente en EE.UU., se ha venido abriendo paso una corriente que ha introducido el análisis económico en el ámbito del Derecho, configurando el Análisis Económico del derecho como una disciplina autónoma de ambas. No es de extrañar, por otra parte, que la joven disciplina surgiera en EE.UU. ya que las tesis del realismo jurídico, caracterizado por afirmar que la solución jurídica más acertada del caso es la apreciación y valoración del juez, abre un amplio campo a la incorporación de elementos sociales, económicos, etc. lo que permite en menor medida la concepción positivista –o estatal-formalista- del derecho que está en la base de los sistemas jurídicos continentales. Sin llegar a los extremos que propugnan algunos de sus estudiosos, que analizan el conjunto del sistema jurídico desde el punto de vista de la eficiencia, y que supone aplicar hasta las últimas consecuencias las metas de la economía sin considerar factores éticos ni cuestiones sociológicas –lo que en última instancia convertiría al Derecho en un apéndice de la ciencia económica- nos moveremos dentro de unos presupuestos menos militantes y, consiguientemente, dentro de un espacio menos controvertido: el que intenta tanto explicar el sentido de determinadas instituciones jurídicas como el de evaluar las consecuencias que se derivan de la existencia y la aplicación de las normas, con la intención de mejorar el conocimiento y la perspectiva de los futuros juristas mostrando que, junto al análisis jurídico-formal, el enfoque que proporciona el análisis económico puede resultar un útil complemento. En su corta existencia, el Análisis Económico del Derecho ha experimentado un desarrollo vertiginoso; primero en la literatura anglosajona y, posteriormente, en la producida en Centros y Facultades europeas. En consecuencia, no es posible abarcar no ya la totalidad de la materia sintéticamente, sino siquiera efectuar una panorámica de aquellas áreas a las que el Análisis Económico del Derecho ha dedicado su atención con mayor solvencia. No debemos olvidar aquí que la primera lección de la Economía es que, en un mundo dominado por escasez, nos vemos en la obligación de elegir. La asignatura, por tanto, tras introducir los conceptos básicos en los que se fundamenta el Análisis Económico del Derecho, selecciona determinados temas, principalmente relacionados con el Derecho Civil (los daños, la propiedad y los contratos) en que los estudios del Análisis Económico del Derecho están bien consolidados y, probablemente, revisten mayor interés. En una materia en la que, en ocasiones, el grado de abstracción es elevado, no podían faltar las prácticas, entendidas como un intento de aproximar el Análisis Económico del Derecho a las circunstancias que se producen en la vida cotidiana y ocupan las tareas de juzgados y tribunales. A tal fin, se han escogido unos textos cuya lectura y comentario por el alumno puede ayudar a aproximar a la realidad los conceptos, modelos y razonamientos de las exposiciones teóricas.

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La Unión Europea es una realidad supranacional sin parangón en el ámbito internacional, tanto desde una óptica económica como institucional, jurídica y política. La construcción europea ha sido un proceso con múltiples vertientes, de integración económica, aproximación política y armonización jurídica, que afecta a los aspectos económicos, medioambientales, sociales, educativos, culturales, de justicia e interior, defensa, seguridad, política exterior, etc. Para la comprensión de los aspectos económicos de esta compleja realidad, en la asignatura se proponen tres objetivos básicos de aprendizaje: dotar a los alumnos de unos conocimientos teóricos sobre los procesos de integración económica, así como de los instrumentos de análisis y evaluación de tales procesos; conocer la fundamentación y operativa del mercado único y la unión económica y monetaria, así como la forma en que la integración económica determina la necesidad de armonización legislativa, especialmente en cuestiones relacionadas con el mercado único; por último, el conocimiento de las principales políticas comunitarias, su fundamento, funcionamiento, problemas y perspectivas. De acuerdo con lo anterior, el programa de la asignatura tiene 10 temas de los que el primero contiene los fundamentos económicos de los procesos de integración, es decir, cómo interpreta y explica el análisis económico los fenómenos de la integración regional. El segundo efectúa un breve recorrido por la historia de la Unión Europea, con especial énfasis en el período que se extiende desde la aprobación del Acta Única Europea (1986) hasta la actualidad. Los dos temas siguientes se dedican a estudiar la vertiente financiera de la Unión, tanto en lo que se refiere a las cuestiones presupuestarias como las relacionadas con la unión económica y monetaria. Siguen a continuación otros dos que estudian las políticas horizontales de la Unión: el mercado interior y la política regional. Los cuatro últimos están dedicados al estudio de otras tantas políticas sectoriales comunitarias: competencia, industrial, agrícola y comercial, incluyendo en este ámbito al cooperación al desarrollo. Es, obviamente, una selección; tratándose de un campo como es la economía, la escasez de recursos que impone la brevedad del curso y la necesidad de elegir no pueden estar ausentes. Falta, de manera ostensible, un tema dedicado a la estructura institucional en la Unión Europea. Al tratarse, esencialmente, de alumnos de Derecho y disponer de otras asignaturas de la licenciatura donde tratarán a fondo esta materia, se ha decidido eliminar de este programa y centrarlo en aquellos campos donde el contenido económico es más evidente.

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La gestión pública es la culminación del proceso político – administrativo, ya que es a través de ella como las decisiones, elecciones y las políticas públicas se convierten en productos que se ponen a disposición bien de la propia Administración, bien de los ciudadanos. En el momento presente nos hallamos en una situación en la que la manera tradicional de gestionar las estructuras de gestión, los asuntos públicos y los propios productos públicos están siendo fuertemente cuestionadas, al tiempo que se lanzan una serie de propuestas para su reforma que todavía no han llegado a cristalizar en un modelo alternativo al burocrático convencional, y que se agolpan bajo la etiqueta general de la Nueva Gestión Pública. La asignatura pretende, desde una perspectiva económica, analizar tanto la situación existente como las nuevas propuestas con la doble finalidad de clarificar una situación en la que el ruido político y mediático no ayuda a distinguir y separar el grano de la paja ni las soluciones provisionales de las propuestas sólidas y rigurosas. Cuestión fundamental, habida cuenta del tamaño del sector público en los países desarrollados: mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos sin perder las cualidades de equidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que cabe exigirle a las actuaciones de la Administración. El temario de la asignatura consta de tres secciones diferenciadas. La primera parte comprende el estudio de los fundamentos teóricos de la materia desde una perspectiva netamente económica. Allí se analizan las distintas teorías sobre las organizaciones, se contrapone el Mercado y el Estado como modelos extremos de descentralización y centralización y se analizan las aportaciones que se han realizado desde la teoría de la agencia, la de los costes de transacción y la de la burocracia. La segunda contiene los nuevos instrumentos que se están empleando en gestión pública para la introducción de elementos de competencia y eficacia. La tercera y última está centrada en el análisis de las organizaciones, estudiando las distintas partes que las componen, los parámetros que hay que considerar en su diseño y los distintos tipos de organizaciones existentes. Siempre que resulta oportuno se dedica una parte del tema a referir cómo se viene actuando en España, bien para introducir los nuevos mecanismos de gestión, bien para diseñar unas instituciones que resulten no solo más eficaces en el logro de los objetivos que tienen encomendados y les demanda la ciudadanía sino también más eficientes en el uso de unos recursos siempre limitados y financiados con ingresos públicos.